Corresponde al monto comprendido por los costos evitados a los ciudadanos, los usuarios y los grupos de interés por la implementación de las acciones de racionalización sobre trámites, otros procedimientos administrativos y consultas de acceso a información pública asociadas a trámites calculados a partir de una estimación del valor subjetivo del tiempo y de otros criterios como tarifas, requisitos y transporte.